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La reciente resolución 1300/2021 de 29 de septiembre emitida por el Tribunal Central de Recursos Contractuales, ha supuesto una modificación respecto a los criterios que se venían manteniendo y aplicando a los contratos de servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo. La controversia surgida radica en la determinación del carácter de prestación intelectual, y en particular si dichos contratos gozan de la intelectualidad por su propia naturaleza, o si dicho carácter necesita otros condicionantes o requisitos para entenderse producido.