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La actual Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, establece en su artículo primero los principios que la fundamentan, siendo los de igualdad de trato y transparencia la base en la que se sustenta la referida ley. Con la finalidad de conseguir la mencionada transparencia efectiva en los procesos de licitación pública, resulta esencial tratar de lograr una objetividad y uniformidad en las reglas y pautas que nos llevan a fijar los criterios de adjudicación.